Contra el terror del Antiterrorismo

Los compañeros y las compañeras del colectivo Bandilang Itim nos han pedido que les ayudemos a difundir el siguiente artículo sobre el llamado proyecto de Ley Antiterrorista, que se aprobará en Filipinas, y sus implicaciones.

Bandilang Itim significa Bandera Negra. El colectivo se formó a principios de este año y tiene como objetivo unir a los y las anarquistas y socialistas libertarios de la región.

El texto fue publicado originalmente aquí.

CONTRA EL TERROR DEL ANTITERRORISMO

Por Malaginoo

El gobierno filipino está un paso más cerca de mostrarse tal como es: una entidad antidemocrática y opresora, dispuesta a proteger y servir los intereses de un puñado de personas poderosas, ricas y privilegiadas. Ya antes de que se oyera hablar de confinamiento y cuarentena con ocasión de la pandemia de la COVID-19, se planteó la actualización de la Ley de Seguridad Ciudadana, una normativa que define los parámetros de lo que se considera terrorismo. Después de muchos días y semanas de tejemanejes políticos, declaraciones altisonantes y de acusar de rojos a la oposición, el congreso hizo público el Proyecto de Ley Antiterrorista 2020.i

Con esta ley, el gobierno de Duterte se propone prescindir de cualquier semblanza de repesto a las libertades y derechos constitucionales que pueda conservar todavía, tras su campaña de ejecuciones extrajudiciales y de violaciones de los derechos humanos. Se estima que esta se ha cobrado más de 5.000 vidas hasta la fecha y ha dejado marcas indelebles en la vida de innumerables familias filipinas.ii

El 28 de febrero de 2020, el senado aprobó el borrador del proyecto de ley antiterrorista, con 19 votos a favor y solo 2 en contra.iii. Sus ventajas y desventajas se debaten todavía en la cámara de representantesiv, pero para el 29 de mayo dos comisiones del congreso ya habían aprobado el proyecto de ley antiterroristav. Mientras la población del archipiélago se enfrenta a la mayor crisis sanitaria de este siglo sin pruebas del virus a gran escala, sin acceso a la sanidad pública ni ingresos económicos, el congreso trata de aprovechar nuestra indefensión ante los efectos combinados de la pandemia y de los excesos del gobierno.

Historia de una insurgencia

Existen diferentes grupos insurgentes en el país, que buscan derrocar y cambiar el status quo y a quienes se benefician de él: la actual clase dirigente. Los más destacados son los separatistas musulmanes de la Nación Mora (como el FNLM y el FILM), los fundamentalistas islámicos (como el BIFF, Abu Sayyaf y el Grupo Maute)vi y partidos marxistas-leninistas que emplean la lucha armada (el CPP-NEP-NDF y los restos del MLPP-RHB)vii.

Estas organizaciones armadas cuentan cada una con vinculaciones a otros movimientos y tienen sus propios objetivos. Llevan décadas actuando por todo el archipiélago y suponen un desafío a la autoridad y al control del gobierno sobre zonas rurales y urbanas de todo el país.

En este panorama de insurgencia, el entonces senador Juan Ponce Enrile presentó en 1996 un proyecto de ley para adoptar una definición legal de terrorismo y definir lo que policía y ejército podían hacer para detener y llevar a juicio a los acusados de “terrorismo“viii. Una versión “diluida” y menos controvertida de este proyecto de ley pasó a ser la Ley de Seguridad Ciudadana, firmada por la entonces presidenta Gloria Macapagal-Arroyo en 2007ix.

Sin embargo, aquella retórica se abandonó cuando Rodrigo Duterte se convirtió en Presidente de Filipinas. Duterte ha justificado e incluso ha promovido las ejecuciones extrajudiciales de presuntos consumidores y traficantes de droga, como parte de su campaña contra los estupefacientesx. También animó a los soldados del ejército a dispararar a las guerrilleras en los genitales, lo que constituye una clara violación de la Convención de Ginebraxi.

Al mismo tiempo, es habitual que policía y ejército realicen detenciones ilegales de disidentes, independientemente de su afiliación u orientación políticaxii. Se han dado casos en los que se ha asesinado a campesinos y campesinas, trabajadores y trabajadoras y activistas como parte de las “actividades antisubversivas”xiii. Peor aún, se están ocupando de manera ilegal las tierras ancestrales de los indígenas del grupo Lumad en todo el país, mientras se siguen perpetrando atrocidades contra sus comunidadesxiv.

A diestro y siniestro, con la excusa de la seguridad y del orden público, el gobierno actual comete graves violaciones de los derechos humanos. Incluso las autoridades civiles y militares han pedido que se mejoren algunas normativas y que se restauren versiones anteriores de leyes para facilitarles el trabajo, presumiblemente para aumentar el número de sus víctimas y poder saquear más territorio. Por ejemplo, el ministro Año ha impulsado que se vuelva a promulgar la derogada Ley antisubversiva, que se dirigía específicamente contra los y las comunistas y sus simpatizantesxv.

En este contexto, es imposible no ser escéptico sobre los verdaderos motivos del gobierno para cambiar la definición de terrorismo y aumentar las penas contempladas en este proyecto de ley para sospechos@s y convict@s.

Leer entre líneas

En el senado, este proyecto de ley fue redactado por el senador Pánfilo Lacson con la intención de “proporcionar una vertebración legal fuerte para proteger a nuestro pueblo de la amenaza del terrorismo, y al mismo tiempo, salvaguardar los derechos de los acusados“xvi.

La definición que se da de terrorismo en este proyecto de ley es diferente. Simplemente, se considera terroristta a cualquier organización que se demuestre perjudicial para las estructuras sociales, culturales y económicas de la sociedad, que sea capaz de provocar daños personales o inmuebles y que incite a otras personas a unirse a su causa.

En virtud de la propuesta, se puede detener a los presuntos y las presuntas “terroristas” durante 60 días sin una orden de arresto previa. Además, también se puede autorizar la vigilancia digital por un período de 60 días. Esto significa que se podrá espiar cualquier aparato conectado a Internet, móviles, ordenadores u otros dispositivos, con una simple sospecha por parte de una autoridad policial o militar. Básicamente, la libertad de expresión, de reunión e incluso de conciencia pueden verse violadas tan pronto como algún investigador considere que una persona o un grupo pueden ser “terroristas”. Todo lo que hagan los sospechosos o las sospechosas podrá considerarse “acto terrorista” y estará sujeto a las formas y a los métodos extrajudiciales del estado.

La condena para quienes “propongan, inciten, conspiren y participen” en la “planificación, la preparación y la facilitación de un ataque terrorista” es la cadena perpetua. El mismo castigo se aplicará a quienes “recluten para y apoyen activamente a una organización terrorista”. Se contemplan sentencias menores para quienes “amenacen con cometer un acto de terrorismo, inciten a otros a hacerlo, se unan voluntariamente a cualquier grupo terrorista o sean cómplices de cualquier acto que este realice”. En resumen, toda persona remotamente relacionada con cualquier “organización terrorista” puede ser acusada de un delito en virtud de esta leyxvii.

Superado y dominado

Estamos de acuerdo en que la seguridad pública es siempre una de las principales preocupaciones de la sociedad. Nuestra seguridad y la de nuestros amigos y nuestras amigas, familia y comunidad forma parte de la psicología del pueblo filipino desde hace siglos. Cuando se producen ataques contra este bienestar, acudimos en ayuda de los y las demás y luchamos para recuperarlo. Una afrenta contra uno o una es una afrenta contra todos y todas.

Sin embargo, el gobierno ha demostrado ser, de manera constante, el transgresor principal de nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestro derecho a la vida. Ya sea en cuestiones laborales, de derechos civiles, respeto a los pueblos originarios o incluso a la vida de las personas, el estado sigue estando del lado de los poderosos y apoya al capital, a los ricos y a los privilegiados.

A pesar de ello, ese mismo estado tiene la audacia de dirimir qué es una amenaza pública y qué no, quién es terrorista y quién no. En virtud de este proyecto de ley, toda organización puede ser calificada como tal, siempre que haya “pruebas” suficientes como para asegurar una condena. Cualquier persona podrá ser juzgada por terrorismo solo por pedir que se derroque al actual presidente, por acudir a un acto público que de repente se declare que constituye un “grave riesgo para la seguridad pública”, o incluso por compartir mensajes o páginas web que sean remotamente críticas con el gobierno. Se la podrá detener todo el tiempo que necesiten la policía o el ejército para fabricar pruebas y preparar un montaje en su contra.

Durante años, el gobierno ha actuado en contra de activistas de todo tipo sin necesidad de contar con ninguna prueba incriminatoria. Se ha acosado y perseguido a estudiantes, sindicalistas e incluso a ancianos de los grupos indígenas de Mindanao, por sus opiniones y creencias. Si se aprueba el proyecto de ley antiterrorista, toda persona que el régimen considere un enemigo podrá ser silenciada con una condena a cadena perpetua. No es de extrañar que mucha gente considere esta propuesta legislativa como una declaración de ley marcial encubierta.

El terror del antiterrorismo

Bakunin dijo una vez:
“El ser humano realiza completamente su libertad individual, así como su personalidad, solo a través de los individuos que le rodean, y gracias solo al trabajo y al poder colectivo de la sociedad.”xviii

Esto quiere decir que la libertad solo se logra cuando todas las personas son igualmente libres, cuando las creencias y acciones de una persona son reconocidas por sus semejantes. El hecho de que cualquier gobernante pueda condenar nuestros pensamientos de manera arbitraria implica que se puede castigar la libertad cuando esta se interpone ante la avaricia de los poderosos.

Si analizamos esta realidad, nos daremos cuenta de que nunca hemos sido realmente libres. Podemos contar con la libertad de publicar contenidos en Internet, para que se conozca nuestra opinión y se sepa que disentimos, y de actuar conforme a nuestras creencias e intereses. Sin embargo, tan pronto como señalemos con un dedo acusatorio a quienes están en el poder y saquemos a la luz sus debilidades y defectos, harán todo lo que esté a su alcance para silenciarnos y ocultar la verdad. Durante años, se ha mantenido esta apariencia de democracia en el archipiélago. En realidad, sin embargo, nunca fue más que una estratagema de los ricos y poderosos para aumentar aún más sus riquezas y su poder. Este proyecto de ley simplemente deja en claro las reglas con las que quieren empezar a jugar.

Una sociedad libertaria, una sociedad que respete la libertad, no puede depender de organismos que aseguran proteger y servir a la poblacón, cuando en realidad atacan y dispersan actos públicos de protesta, discriminan por motivos de sexo y raza o, directamente, asesinan a sangre fría. Una sociedad libre reconoce y respeta la autonomía de cada persona, su capacidad de pensar, hablar y actuar como quiera. Esto incluye el poder de protegerse a sí mismas, y a toda otra persona a la que cuiden, de la amenaza del terrorismo, perpetrado hoy en día por policías, patrones y funcionarios del gobierno.

Tenemos un largo camino que recorrer antes de que podamos siquiera reflexionar sobre lo que deberíamos hacer para construir una sociedad mejor. Hoy en día, vemos que la poca libertad que nos queda se derrumba y da paso al autoritarismo y al fascismo. Lo hemos visto en Bolivia, Estados Unidos y Hong Kong. Si no se para este proyecto de ley, podría ocurrir lo mismo en Filipinas. No se trata solo de un problema que afecte a libertarios, libertarias y anarquistas del archipiélago, sino que incumbe a todos sus habitantes, sin importar edad, sexo, creencias religiosas o afiliación política. Si el estado puede privarnos de lo que quiera, ¿hasta qué punto estará dispuesto a seguir aterrorizándonos? Además, ¿cómo podemos confiar en que unos fascistas nos digan quiénes son los verdaderos terroristas?

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